La Comisión Europea, después de encargar un estudio para
valorar cómo afectan las descargas ilegales de música, cine o libros a las
ventas y a los derechos de autor, y pagar 55 millones de euros por ese estudio,
ha decidido ocultar sus resultados y no hacerlos públicos. Sin embargo una
copia de dicho informe ha llegado hasta la internauta Julia Reda, la cual ha
desvelado detalles de dicho informe.
La compañía encargada de este estudio fue la holandesa
ECORYS y entregó su informe en mayo de 2015; y desde entonces la UE lo mantiene
oculto a la luz pública a pesar de los 55 millones que se gastó en él. La razón
es tan sencilla como que sus resultados no validan la hipótesis de partida, es
decir, no resulta estadísticamente significativo o no es posible cuantificar cuánto
y cómo influyen sobre las ventas y los derechos de autor las descargas
ilegales.
De hacerse público este estudio las compañías discográficas,
cinematográficas y editoriales pondrían el grito en el cielo y se tambalearían
los cimientos de estas industrias. Sin embargo, y sin necesidad de gastarnos 55
millones de dólares, todos nosotros ya sabíamos lo que yo mismo publiqué hace
tiempo:
“Cada
persona que se descarga gratuitamente un libro/película/disco, no es un pirata,
ni un delincuente, ni un cliente que hayan perdido; simplemente es un cliente
que nunca iban a tener, es decir, que nunca se hubiera gastado su dinero en ese disco/película/libro”.
E
incluso añadía lo siguiente: “Es
una persona que si encuentra satisfactoria esa descarga se convertirá en un
cliente potencial para la próxima obra de ese artista. Por consiguiente las ‘descargas
piratas’ son, pues, como ‘muestras gratuitas’ de un producto que si nos gusta es
posible que sí nos gastemos nuestro dinero en el original la próxima vez”.
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