Cuando se detiene a una persona que reconoce pertenecer a una banda terrorista, los periodistas suelen anteponer la palabra “presunto” en tanto –una vez celebrado el correspondiente juicio- el juez dicte sentencia y los califique como pertenecientes a banda armada, en cuyo caso quitan por fin el citado “presunto” de las posteriores informaciones.
¡Magnífico! Es un claro ejemplo de imparcialidad y respeto a la justicia. Nada de juicios paralelos ni acusaciones infundadas. Aunque una persona sea detenida “in fraganti” cometiendo un acto terrorista, y tras su detención grite a los cuatro vientos que él (o ella) pertenece a una banda catalogada como terrorista, los periodistas nos dirán que “todo parece apuntar...”, que “el presunto terrorista...”, etc. Mientras no se celebre juicio y se dicte sentencia, no osarán catalogar a la citada persona como terrorista, llevándole la contraria incluso al propio acusado.
Sin embargo ¿qué pasa cuando el acusado de un “presunto” delito no es terrorista, sino simplemente un profesional de cualquier gremio? Entonces, la palabra “presunto” empieza a escasear y el periodista se permite dar sus opiniones y establecer sus propios juicios paralelos. De esta forma, aludirán al citado profesional como claro sospechoso de haber cometido un determinado delito, y la opinión pública –guiada por esas informaciones- dictará sentencia pública y lo condenará sin esperar a la sentencia y sin haber profundizado siquiera en el conocimiento de los hechos y de las pruebas periciales.
¿Dónde está la presunción de inocencia que reconoce nuestra Constitución y el más elemental sentido de la responsabilidad? Y aún hay más, algunos de estos periodistas, a los que tanto gusta usar el “presunto” para los terroristas pero lo escamotean a los ciudadanos de a pie, no aceptarán de buen grado una sentencia contraria a sus ideas preconcebidas y seguirán escribiendo e influyendo en sus escritos en contra del veredicto hecho público.
Un ejemplo reciente de esto lo tenemos en el denominado “caso Leganés”. La justicia ha dictado sentencia absolutoria para unos inculpados que ya habían sido condenados desde hace años por la opinión pública sin esperar a la celebración del juicio. Y esa condena pública sin juicio ha destrozado la vida personal, familiar y profesional de muchos de ellos. Ahora la justicia los absuelve, pero ¿quién les devuelve su dignidad robada? ¿quién les restituye el daño causado? ¿quién recompone esas familias destruidas?
Antes y después de un veredicto cada uno puede pensar y escribir lo que quiera, pero: (1) antes, no se debe olvidar nunca la presunción de inocencia y (2) después, al menos a nivel público, hay que aceptar la sentencia.
A esos periodistas que manejan a su antojo la palabra “presunto” yo los bautizo desde aquí como “presuntos periodistas”, precisamente porque amo el periodismo, la imparcialidad y la justicia.
¡Magnífico! Es un claro ejemplo de imparcialidad y respeto a la justicia. Nada de juicios paralelos ni acusaciones infundadas. Aunque una persona sea detenida “in fraganti” cometiendo un acto terrorista, y tras su detención grite a los cuatro vientos que él (o ella) pertenece a una banda catalogada como terrorista, los periodistas nos dirán que “todo parece apuntar...”, que “el presunto terrorista...”, etc. Mientras no se celebre juicio y se dicte sentencia, no osarán catalogar a la citada persona como terrorista, llevándole la contraria incluso al propio acusado.
Sin embargo ¿qué pasa cuando el acusado de un “presunto” delito no es terrorista, sino simplemente un profesional de cualquier gremio? Entonces, la palabra “presunto” empieza a escasear y el periodista se permite dar sus opiniones y establecer sus propios juicios paralelos. De esta forma, aludirán al citado profesional como claro sospechoso de haber cometido un determinado delito, y la opinión pública –guiada por esas informaciones- dictará sentencia pública y lo condenará sin esperar a la sentencia y sin haber profundizado siquiera en el conocimiento de los hechos y de las pruebas periciales.
¿Dónde está la presunción de inocencia que reconoce nuestra Constitución y el más elemental sentido de la responsabilidad? Y aún hay más, algunos de estos periodistas, a los que tanto gusta usar el “presunto” para los terroristas pero lo escamotean a los ciudadanos de a pie, no aceptarán de buen grado una sentencia contraria a sus ideas preconcebidas y seguirán escribiendo e influyendo en sus escritos en contra del veredicto hecho público.
Un ejemplo reciente de esto lo tenemos en el denominado “caso Leganés”. La justicia ha dictado sentencia absolutoria para unos inculpados que ya habían sido condenados desde hace años por la opinión pública sin esperar a la celebración del juicio. Y esa condena pública sin juicio ha destrozado la vida personal, familiar y profesional de muchos de ellos. Ahora la justicia los absuelve, pero ¿quién les devuelve su dignidad robada? ¿quién les restituye el daño causado? ¿quién recompone esas familias destruidas?
Antes y después de un veredicto cada uno puede pensar y escribir lo que quiera, pero: (1) antes, no se debe olvidar nunca la presunción de inocencia y (2) después, al menos a nivel público, hay que aceptar la sentencia.
A esos periodistas que manejan a su antojo la palabra “presunto” yo los bautizo desde aquí como “presuntos periodistas”, precisamente porque amo el periodismo, la imparcialidad y la justicia.
1 comentario:
Lázaro Carreter me caía francamente mal, pero un libro suyo lo tengo en mi mesilla: El dardo en la palabra.
Si no lo has leído, te lo recomiendo.
A algún que otro periodista le hacía volver al "cole" sin dudarlo... ese manejo del idioma... ayyyssssss
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